Nuestro país contaba con más de 13 mil puntos de recarga públicos a finales del año 2021, cifra que puede parecer importante pero que se encuentra muy lejos del objetivo marcado por España para 2023: 100.000 puntos de recarga que faciliten servicio al parque de vehículos eléctricos existente actualmente. Estos puntos no se encontrarían únicamente en las vías públicas, sino también en comercios, restaurantes, hoteles, parkings y en general cualquier negocio que disponga de plazas de estacionamiento.
Además, encontramos el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), avalado por la Unión Europea y que dirige los Fondos Next Generation. Dicho Plan prevé que España posea 100.000 puntos de recarga pública antes de que finalice el año 2023, un objetivo muy ambicioso que va acompañado de varias medidas regulatorias y fiscales e incentivos, además de ayudas directas a las empresas.
Para que este impulso sea real y efectivo, el Ministerio de Transición Energética y Reto Demográfico se encuentra preparando un marco regulatorio que incentive aún más al sector energético y a las empresas para instalar esta infraestructura a lo largo y ancho del territorio español. Esta normativa se unirá a las ayudas ya vigentes que subvencionan gran parte de los costes de los puntos de recarga públicos dentro del Plan MOVES III, y que está dotada por 800 millones de euros.
Además, el Real Decreto Ley 29/2021 aprobado el pasado 21 de diciembre ya obliga a los negocios que cuentan con zona propia de parking, ya sea cubierto o al aire libre, que incluya más de 20 plazas, a instalar puntos de recarga eléctrica. Estas empresas obligadas tendrán hasta final de este año 2022 para cumplir con esta obligación legal.
En el mismo Real Decreto Ley 29/2021 también encontramos que se simplifican los trámites administrativos para instalar esta infraestructura, como las licencias de obras, funcionamiento o actividad, e invitaba a los ayuntamientos a bonificar a las empresas con hasta un 50% del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y del IAE (Impuesto de Actividades Económicas), además del 90% del ICIO (el conocido Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras).
La norma legal establece que por cada 40 plazas de aparcamiento o fracción se debe instalar 1 punto de recarga, y si el parking tiene entre 20 y 40 también es obligatorio.
Plan MOVES: 525 millones adicionales para incentivar la instalación
En el Real Decreto que ya hemos mencionado anteriormente, también se contempla un paquete de 525 millones de euros pensados para las empresas distribuidoras, de forma proporcional a su representatividad hasta el año 2023. Estas ayudas permitirán financiar hasta un 50% de los activos relacionados con la digitalización de la red y con las infraestructuras necesarias para alimentar los puntos de recarga rápida, es decir, que tengan una potencia superior a 250 kW.
El Gobierno, a parte de todas las medidas citadas, abrió la opción de que las empresas puedan instalar puntos de recarga en las vías de titularidad estatal y en sus ubicaciones circundantes. De esta manera se busca simplificar los trámites para instalar este tipo de infraestructuras por toda la red de carreteras.
A pesar de todas ventajas e ideas que se tienen para este proyecto, la realidad es que en 2021 solo se instalaron 4.866 nuevos puntos de recarga; y de los 13.411 puntos existentes, 7.685 se encuentran en entornos urbanos, por eso la Administración tiene la intención de favorecer la instalación en vías interurbanas. Las Comunidades que lideran el mapa oficial de puntos de recarga públicos a día de hoy son Cataluña (3.549), Comunidad Valencia (1.611) y Madrid (1.601).
¿125 millones adicionales?
Debido al buen progreso del Plan MOVES III, el Gobierno aprobó el pasado mes de marzo de 2022 una ampliación de 125 millones de euros en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Castilla y León e Islas Baleares.
Pero, ¿qué es el Plan MOVES III? Fue un plan que lleva en vigor desde abril 2021 con una dotación inicial de 400 millones de euros ampliable a 800 millones, y que busca impulsar el despliegue de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos con incentivos para particulares, comunidades de propietarios y pequeñas y medianas empresas, y específicamente para los puntos de carga rápida y ultrarrápida.
Estas ayudas a las empresas parten de un mínimo del 35% y su límite máximo de ayuda es de 800.000 € por expediente, o un límite 2.5 millones por beneficiario. Para el despliegue de puntos de recarga públicos de 50 kW de potencia o más, las ayudas cuentan con un 10% adicional en actuaciones desarrolladas por medianas empresas y un 20% si son llevadas a cabo por pequeñas empresas. De esta manera una pequeña empresa podría conseguir un 55% de ayuda para la instalación de infraestructuras de recarga.
Según cálculos de la organización europea Transport & Environment, nuestro país necesitaría contar con casi 1 millón de puntos de recarga en 2035 si el ritmo de penetración de los vehículos eléctricos sigue como hasta ahora.
Y tú, ¿qué opinas de estos planes tan ambiciosos para favorecer a los vehículos eléctricos?
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